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Friday 18 October 2019
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Caimanes y la ley a medias

Las autoridades lejos de exigir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, abogan por la protección de la propiedad privada perteneciente al Grupo Luksic.

caimanesEl conflicto de Caimanes dejó de ser un problema local y aislado. Tal como Freirina, Aysén, Ventanas o Tocopilla, el pueblo la tiene más que clara y disputa codo a codo en la calle y en tribunales un asunto que ya lleva varios años. Tener de oponente al distinguido grupo Luksic, amigo de la patrona, no es nada fácil. Lo destacable y loable es que a Caimanes no le bastan caramelos ni soluciones parches a cambio de hacer vista gorda y dejar que su pueblo se hunda con las botas sucias.

Hubo intentos de avenimientos; incluso explícitos acercamientos. Se apostaba por indemnizaciones compensatorias ya que la estrategia era agachar el moño con tal de recibir un premio por pacientes. O sea, digámoslo claro, venderse por unas monedas y reconocer la supremacía de la minera.

Sin embargo, la mayor parte del pueblo rechazó tales ofertas y plegarias, por lo que ha proseguido apelando y creyendo que la justicia si puede ser cuerda. Esto no le ha hecho gracia a la minera y como contrapartida ha acusado a comuneros y abogados de asociación ilícita y de obstrucción a la justicia. Todo vale en la guerra.

Y como el dinero todo lo puede, Pelambres trabaja como si nada a pesar del historial negro que lo enloda. E incluso se da el lujo de desconocer un fallo de la mismísima Corte Suprema con el beneplácito del gobierno de la presidenta. Si yo desacato un fallo o me niego a cumplir una sentencia lo más probable es que tenga a una comisaría entera incitándome a deponer mi soberbia.

Pero como se dijo más arriba, el dinero lo puede todo, y no es conveniente para el gobierno ser rigurosos con la minera.
Es irónico que se trasladaran 200 km fuerzas especiales para ahuyentar y reprimir a quienes entienden que debe primar el estado de derecho. La policía más bien pareciera ser guardaespalda de Pelambres que un auxiliar de la justicia para hacer ejecutar una sentencia. Todo bajo las ordenes del Intendente (s) y Gobernador, la mano de La Moneda en Caimanes.

Algo no cuadra en el escenario. Se busca apaciguar los ánimos a los pobladores de Caimanes, exigiéndoles que desalojen la propiedad privada, ya que tenían “tomada” la oficina de Pelambres en Caimanes. A priori parece sensato, en el contexto de querer apegarse a la ley y reestablecer el orden. Pero si se actúa con tal premura en este caso ¿Por qué no se busca exigir el cumplimiento del fallo de la Suprema?

¿Será que la autoridad tiene la facultad de distinguir cuándo se debe cumplir la ley y cuándo puede estarse sobre ella? Dudo que se concedan tales arbitrariedades, a no ser que hubiesen promulgado una nueva ley que lo permita, lo cual sería un gol de media cancha. Más bien parece que la autoridad competente se ha auto otorgado facultades discrecionales, con tal de no hacer valer la facultad de imperio, si regulada en la ley.

La Corte ha sido enfática en señalar que la minera Los Pelambres debe reestablecer el curso natural de las aguas que fueron desviadas para la construcción del tranque de relaves El Mauro, una especie de vertedero minero que se expande día a día, y que pone en peligro a la comunidad tanto por su cercanía y al encontrarse cerro arriba, como también por la escases hídrica que debe paliarse con camiones aljibe (insólito).
Si se busca rescatar y reanudar el estado de derecho, es contradictorio darle la exclusividad al grupo Luksic de no acatar un fallo por el máximo tribunal. Me parece ilegítimo jugar con la vida de los chilenos y chilenas.

Lee el fallo acá

  


Pedro Pablo Fernandez

Pedro Pablo Fernández Veloso. 27 años (representando 22). Egresado de derecho Universidad Central. Interesando en dedicarme a derecho ambiental. Columnista permanente en el blog de derecho Lex web en materia de recursos naturales. Puente Altino (ex Ñuñoino). Una voz disidente que se suma a las demás.