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Monday 10 December 2018
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Ley chilena da manga ancha a las faenas mineras

En materia de Seguridad Minera, las sanciones son muy bajas, y la regulación está al debe, ya que, aun siendo un país minero, no se haya ratificado a la fecha el Convenio 176 de la OIT sobre Seguridad y Salud en las minas. Lo del pobre guanaco es sólo un síntoma de un modelo extractivo negligente y depredador.

OLYMPUS DIGITAL CAMERACon anterioridad a la entrada en vigor de la ley 20.551 de 2011 que regula el cierre e instalación de las faenas mineras, los proyectos mineros contaban con planes de cierre de seguridad minera deficientes, con obligaciones de cierre derivadas de las RCAs del proyecto. Se regulaba la actividad por el Reglamento de Seguridad Minera; Regulaciones sectoriales de complemento; Resoluciones de Calificación Ambiental y estándares corporativos e internacionales.

Era común que las faenas mineras fuesen abandonadas, dejando tras el paso del “progreso” un verdadero holocausto ambiental, en circunstancias que los residuos quedaban a cargo del dueño del predio superficial, desatendiendo principios de justicia correctiva y distributiva, en el sentido de que no había regulación que hiciera exigible la internalización de las externalidades negativas en el negocio minero, de modo que difícilmente podían mitigarse los efectos del desarrollo de la industria extractiva minera.

El objeto del plan de cierre, según el art. 2 de la ley, es la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, en los lugares en que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable. La ejecución de las medidas y acciones de la manera antes señalada deberá otorgar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley.

En el ámbito regulatorio, en una primera etapa hay dos tipos de permisos: las evaluaciones ambientales (vinculante) y las sectoriales. Hay un plan de explotación (típicamente reglas de seguridad minera) y uno de cierre. La ley de cierre, en su aspecto ambiental importa que el compromiso de cierre debe ser coherente con el permiso. En este punto cabe tener en cuenta que los planes de mitigación, por ejemplo, mantener al “largarto X” o “equipar con rompecabezas de cartón a los jardines de la zona” no son vinculantes en la materia.

Actualmente, el plan de cierre constituye un requisito para operar, teniendo como propósito la implementación de contención, y alcanzar la estabilidad física y química en la faena. La no presentación del plan de cierre o el incumplimiento del plan de cierre, y las obligaciones que impone el plan de cierre están configuradas contrafácticamente en tipos infraccionales que dan lugar a sanciones de distinta naturaleza jurídica.

A grosso modo, existen tres tipos de obligaciones: en un plano técnico, las medidas de cierre; Una de tipo real o económica, que aborda el valor de las medidas de cierre; Por último, existe la obligación de constituir una garantía financiera en el evento que el empresario minero no lo haga ante Sernageomin.

Conforme al citado art. 2, el plan de cierre de las faenas de la industria extractiva minera es parte del ciclo de su vida útil. El cierre de faenas mineras se planificará e implementará de forma progresiva, durante las diversas etapas de operación de la faena minera, por toda la vida útil.

Este plan de cierre de faenas mineras debe ser ejecutado por la empresa minera, antes del término de sus operaciones, a fin de prevenir riesgos a las personas y el medio ambiente y de evitar pasivos ambientales.

Ante el incumplimiento de las obligaciones que impone el plan de cierre, el Sernageomin, órgano que tiene a su cargo la fiscalización de las faenas mineras, podrá ordenar las medidas correctivas, cual es la regla general. De lo contrario, puede instruir el respectivo procedimiento administrativo sancionador. En este punto es relevante tener en cuenta que el cumplimiento inmediato procede previo informe al Sernageomin y una vez presentado el plan de cumplimiento. Según las políticas del servicio, las sanciones son la última ratio.

En materia de seguridad minera, la formulación de las sanciones, en la misma ley, dan lugar a un incentivo perverso a la vulneración de la normativa. Así, por ejemplo, El art. 590 del Reglamento de Seguridad Minera establece que “las contravenciones a las disposiciones del presente Reglamento y a las Resoluciones que para su cumplimiento se dicten, en que incurran las Empresas mineras, y sin perjuicio de las medidas correctivas que se establezcan, podrán ser sancionadas con multas de 20 a 50 UTM por cada infracción.

Guanaco cubierto con relave en la minera Collahuasi al interior de Iquique. cc Flakuxento ?@Jaime_JGomezN

En caso de reincidencia, las infracciones serán sancionadas con el doble de dichas multas”, mientras que el art. 591 inc. 1° señala que “las penas de multas aludidas en el art. anterior se impondrán en Resolución del Director Nacional del Servicio, previa solicitud del Subdirector Nacional de Minería, para los efectos de su aplicación administrativa”. Lo cual se ve matizado, gracias a las novedades de la normativa. Específicamente, tocante a la facultad de cierre, el art. 592 del Reglamento de Seguridad Minera dispone que “en los casos en que a juicio del Servicio, atendida la naturaleza de la infracción y los perjuicios que se hayan ocasionado o sea puedan causar, se trate de infracciones graves de las empresas, se podrá también disponer el cierre temporal o indefinido, parcial o total de la faena minera respectiva”.

El Director Nacional del Servicio dispone la sanción de cierre de una faena determinada, cuando funcionarios del Departamento de Seguridad Minera constatan en terreno que no existen las condiciones de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de las personas, que permitan operar de forma segura dentro de ella. Además, la resolución sancionatoria se dicta bajo el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Reglamento de Seguridad Minera antes citadas, y los principios que lo regulan.

Por su parte, cuando se dispone la sanción de cierre temporal de una faena minera determinada, dicha sanción podrá ser levantada bajo el cumplimiento de las medidas correctivas que al efecto la resolución sancionatoria señale. Para tal efecto, el Departamento de Seguridad Minera deberá constatar el cumplimiento de las medidas correctivas y la Dirección Nacional ponderará si las medidas correctivas se cumplen satisfactoriamente, y en tal caso, dictará la resolución de levantamiento de la sanción. El procedimiento sancionador está regulado en el Reglamento de Seguridad Minera, donde se encuentran las normas que establecen los parámetros de su ejercicio, sin perjuicio de lo ya mencionado.

La ley de cierre presenta la novedad de incluir la regulación del abandono encubierto, toda vez que la ley faculta al empresario minero a paralizar temporalmente las faenas bajo ciertos requisitos, pero no puede darse el caso del abandono de la mina. Otra de las novedades de la ley en comento, a propósito de lo anterior,   es la sanción personal al representante legal de la faena minera contemplada en el art. 25 de la ley, en el caso de que encubran un abandono de la faena minera o de ciertas instalaciones de la misma, con multa de mil a diez mil unidades tributarias mensuales. Esta disposición se halla en armonía con la del art. 34 que establece que los representantes legales de la empresa minera y quienes resulten responsables de incumplir la ejecución del plan de cierre serán sancionados con multa de cien a mil unidades tributarias mensuales. Esto último sí constituye un incentivo a la responsabilidad en la gestión y cumplimiento de la normativa por parte de las empresas mineras.

Respecto de las garantías, en caso de quiebra de la empresa, el valor del plan de cierre debidamente aprobado por el servicio se considera un crédito de primera clase (art. 35), teniendo gran relevancia a la hora de la liquidación. En materia de derecho administrativo sancionador, la sanción operativa es la más grave, como la que fue aplicada a Pascualama, esto es, no poder continuar operando como faena minera.

En suma, la ley 20.551 pone el acento sobre la estabilidad física y química, es decir, cuestiones técnicas, quedando excluidas las relaciones comunitarias para con la faena minera. Sumado a lo anterior, podría criticarse el hecho de que la ley no se hace cargo de todo tipo de cierre de faenas, problemática que se genera, por ejemplo, ante el despido general, problemas sociales, políticos, entre otros.

Sobre el Sernageomin:

El Servicio Nacional de Geología y Minería fue creado mediante el Decreto Ley N° 3.625, de 1980, como un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que se relaciona con el Ejecutivo mediante el Ministerio de Minería, y cuyo objeto es servir de asesor técnico especializado de dicho Ministerio en materias relacionadas con la geología y la minería, así como desempeñar las demás funciones que la ley le asigne.

El servicio cuenta con facultades sancionadoras que le consulta el DL N° 3.525 que lo crea y el Reglamento de Seguridad Minera. A través de Resolución Exenta N° 3.019, de fecha 29 de octubre de 2013, que establece Categoría de Contravenciones a los Reglamentos de Seguridad y señala multas para casa caso, se determina el monto de la sanción que corresponde aplicar en caso de contravención a las normas de Reglamento de Seguridad Minera. Por su parte, es el Sernageomin, a través de su Director Nacional, quien está facultado para imponer sanciones mediante Resolución, luego de la ponderación de los hechos constitutivos de infracciones al Reglamento de Seguridad Minera constatadas por los inspectores de Seguridad Minera (Ministros de Fe) en las inspecciones a las faenas mineras o producto de un procedimiento de investigación de accidentes , hechos infraccionales que tipifica en la infracción determinada con su respectiva sanción debidamente establecida en el Reglamento de Seguridad Minera. Asimismo, la facultad sancionadora del Sernageomin debe sujetarse a un justo y racional procedimiento, legalmente tramitado.

  


Matias Hermosilla

Ex-intercambista y estudiante de Derecho Uch. Activista de escritorio. Amante de la revuelta interior. Heide.